Características del sistema sanitario público vasco

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El sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) está conformado por dos organizaciones: en primer lugar, el Departamento de Salud, que es el organismo planificador, financiador y regulador de todos los aspectos relacionados con la salud. En segundo lugar, el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, el cual, si bien está adscrito al primero y es de titularidad pública, posee personalidad jurídica propia y capacidad de desempeñar la provisión de servicios sanitarios mediante organizaciones públicas de servicios que dependen de él (1).

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza se fundó en 1983, tras el inicio de la descentralización sanitaria autonómica

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza se fundó en 1983 (2), tras el inicio de la descentralización sanitaria autonómica y se configuró como organismo autónomo para gestionar la atención sanitaria integral a la ciudadanía vasca. Hasta ese momento, existían en la CAE múltiples recursos asistenciales que habían surgido como respuesta a las carencias de servicios públicos que dieran cobertura a las necesidades sociales y sanitarias de la población, existentes tras el fin de la dictadura franquista. Ejemplos de estos servicios eran los centros de atención a la salud sexual y reproductiva, financiados por los ayuntamientos, la atención a la salud mental, o aquellos que ofrecían atención psicosocial a sectores en exclusión social (3). En el proceso de su conformación, Osakidetza integró todos esos recursos, de forma que muchos pasaron a formar parte de la red pública y, en algunos casos, se concertaron sus servicios.

En 1986 Osakidetza pasó a formar parte del Sistema Nacional de Salud (SNS)

Con la Ley General de Sanidad de 1986 (4), se creó el Sistema Nacional de Salud (SNS), del que Osakidetza pasó a formar parte, si bien emplazaría a futuro la integración en el SNS de los regímenes especiales del Sistema de Seguridad Social (MUFACE, MUJEGU, IFSAS) que ofrecían asistencia sanitaria a ciertos colectivos.

La llegada de la corriente neoliberal a principios de la década de 1990, se materializó en la CAE con el Plan Osasuna Zainduz (5), en 1993. Este Plan conllevó un cambio sobre el modelo de organización y gestión de la sanidad vasca, justificado por la necesidad de aumentar la autonomía en aras de alcanzar una mayor eficiencia en el empleo de los recursos públicos destinados a la sanidad vasca. Entre otros supuestos, modificó la naturaleza de la gestión de la sanidad pública, que pasó a ser un régimen jurídico privado e introdujo criterios de gestión empresarial en el sistema. Así, el sistema vasco de salud adoptó una nueva estructura funcional basada en la separación de las funciones de financiación –dependiente del Gobierno Vasco, siempre pública- y provisión -pudiendo ser pública o privada en grado variable. El entonces denominado Departamento de Sanidad asumió, pues, el papel regulador y financiador del sistema sanitario, que implicaba la asignación de recursos a las agencias contratadoras de servicios sanitarios. Estas agencias pasaron a ser las delegaciones territoriales (de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa) y realizan la contratación tanto de servicios públicos, mediante suscripción de los contratos programa con Osakidetza, como de servicios privados, mediante la fórmula de la concertación de servicios.

En la última década, destacan dos hitos que han supuesto reformas estructurales en el seno del sistema público de salud vasco, marcadas por la llegada de la crisis económica y, a su vez, alineadas con el discurso predominante a nivel estatal y global de la supuesta amenaza de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

En primer lugar, en el año 2010 el gobierno autonómico socialista puso en marcha la Estrategia Vasca de Cronicidad (6), siguiendo la tendencia estatal de implantar modelos de atención a la cronicidad procedentes del sistema americano, con el objetivo de alcanzar sistemas integrados, mejorar la continuidad asistencial y aumentar la eficiencia del sistema (7). Así, la Estrategia adoptó un nuevo modelo sanitario basado en la creación de demarcaciones territoriales, denominadas Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI), autónomas en su gestión y con bases de financiación e incentivos en función del cumplimiento de los objetivos de eficiencia planteados (8).

Así, el sistema está conformado por 13 OSIs, que en su totalidad incluyen 13 hospitales de agudos, 153 centros de salud y 160 consultorios. El resto de la red asistencial se completa con tres redes territoriales de Salud Mental (Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, esta última, teniendo concertada toda la atención hospitalaria psiquiátrica); la organización coordinadora y de asistencia sanitaria de emergencia; el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos humanos; Osatek, una sociedad financiada públicamente y de derecho privado, encargada de la gestión, administración y explotación de servicios por imagen de tecnología puntera; y la Dirección General, que ejerce las funciones de control, coordinación estratégica y apoyo de la gestión de las anteriores organizaciones de servicios.

Un segundo hito, fue la puesta en vigor a nivel estatal del Real Decreto (RD) 16/2012  (9) que, en respuesta a la crisis económica y entre otras medidas, suprimió el derecho de asistencia sanitaria a las personas extranjeras mayores de 18 años no autorizadas para residir en el Estado español. La CAE emitió como respuesta el Decreto 114/2012 (10), el cual pretendía la complementación del estatus prestacional básico estatal, con el fin de mantener los niveles de protección existentes previamente al RD 16/2012. El Gobierno central emitió un recurso contra dicha normativa que fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por lo que dicha Orden fue aplicada con normalidad en lo sucesivo (11). A finales del año 2017, el Tribunal Constitucional anuló finalmente dicha normativa, alegando la imposibilidad de sobrepasar a nivel autonómico los niveles de protección establecidos a nivel estatal (12). Finalmente, en junio de 2018, el nuevo gobierno estatal socialista derogó el RD 16/2012 (13). Las órdenes aplicadas en la CAE en el tiempo que el RD estuvo en vigor han permitido que muchas de las personas excluidas de la atención sanitaria hayan accedido a ella, paliando los efectos negativos de la misma sobre su salud (14).

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