Desigualdades de acceso al sistema sanitario

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Maite Morteruel

Los sistemas sanitarios constituyen uno de los determinantes sociales de la salud y de las desigualdades sociales en salud. Como tal, pueden contribuir a amortiguar las desigualdades en salud producidas por otros determinantes sociales o incluso a incrementarlas (1). El conocimiento generado en Europa acerca de esta cuestión desvela que, incluso en los sistemas universales y gratuitos se dan desigualdades de acceso entre diferentes grupos sociales (2). Este fenómeno se conoce como la “ley de atención inversa” según la cual, la disponibilidad de una buena atención sanitaria tiende a variar inversamente a la necesidad de la población asistida (3). Para contribuir a amortiguar las desigualdades en salud, los sistemas sanitarios, además de garantizar su acceso universal, deben considerar las necesidades específicas de los diferentes grupos de población, así como las posibles barreras que impiden su acceso de forma equitativa –acorde a sus necesidades- a estos servicios (4). Esto es lo que se conoce como universalismo proporcional (5).

Existen diversos factores que han mostrado ser generadores de desigualdades sociales en salud en el acceso a la atención sanitaria. Uno de ellos es el género. Así, ante una misma necesidad de atención, los hom­bres utilizan en mayor medida los servicios hospitalarios (6), mientras que las mujeres tienen un menor acceso a atención especializada y frecuentan en mayor medida la atención primaria (7). Por otra parte, se han descrito sesgos de género en el diagnóstico y tra­tamiento de enfermedades, como las cardiovasculares, mostrándose una mayor mortalidad de las muje­res por esta causa (8), debido a un diagnóstico y trata­miento tardíos (9). Las mujeres, además, reciben una mayor prescripción de psicofármacos (10, 11) y padecen en mayor grado la medicalización de procesos vitales no patológicos (12).

El nivel socioeconómico es otro factor que explica las desigual­dades en la utilización de servicios sanitarios: por una parte, determina el tipo de aseguramiento de la población, siendo la población de mayor nivel educativo y de renta la que dispone en mayor grado de una doble cobertura sanitaria (13); y por otra, sitúa a las personas en una posición más o menos favorable para moverse por el sistema, favore­ciendo el acceso al mismo por parte de los grupos más aventajados. Así, esta población accede antes y con mayor frecuencia a la atención especializada, con respecto a la población que dispone únicamente de cobertura pública (14). Estas desigualdades se acentúan en el caso de aquellos servicios y prestaciones no cubiertos por el siste­ma público, para cuya utilización es necesario el pago directo por parte de la persona usuaria, como la salud bucodental (15). Además, el pago por acto y la provisión privada constituyen barreras de utilización de servicios como la rehabilitación y fisioterapia (16, 17, 18).

Por último, el lugar de origen es otro factor determinante de las des­igualdades en la utilización de servicios sanitarios de carácter universal, explicadas, por una parte, por aspectos orga­nizacionales del sistema sanitario (19), así como por aspectos concernientes a la población inmigrante y a su exposición a condi­ciones de vida y trabajo precarias (20). En los sistemas sanitarios universales se ha mostrado que esta población accede de igual manera a la atención primaria y en menor grado a la especializada en comparación con la población autóctona (21), estando expuesta a mayores riesgos para la salud. Por otra parte, se han descrito algunas de las barreras que dificultan la entrada, acceso y utilización de los servicios de salud como la falta de información y conocimiento con respecto al sistema, la exposición a largas distancias y tiempos de espera, dificultades para el pago de transporte o medicación, incompatibilidad horaria de los servicios con respecto a la jornada laboral, barreras idiomáticas, cambio frecuente de residencia, temor con respecto a la situación irregular en el caso de las personas que se encuentran en ella,  y aquellas relacionadas con las percepciones con respecto a los servicios y a los problemas de salud (20, 22).

 

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