REDER exige garantías legales de la universalidad del derecho a la salud

medicusmundi y otras organizaciones integradas en la plataforma REDER han solicitado al Gobierno español la adopción de un reglamento que blinde el derecho a la salud, que sigue en riesgo ya que, cuatro meses después del nuevo Decreto Ley del 30 de julio de 2018 que pretendía recuperar la universalidad en el acceso a la salud todavía no se ha alcanzado ese objetivo.

Representantes de las comunidades autónomas (CCAA) y de la Administración central se reúnen este jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un órgano que tiene por objetivo coordinar los diferentes servicios sanitarios del Estado.

 medicusmundi, junto a las organizaciones integradas en REDER, recuerdan a las autoridades que, aunque el Real Decreto Ley 7/2018 (RDL) fue un paso en la dirección adecuada para recuperar la universalidad en el acceso a la salud, se deben abordar en este encuentro sus fallos y ambigüedades para lograr el objetivo pretendido. Para ello, solicitan la adopción urgente de un reglamento que clarifique en detalle la norma para blindar el derecho a la salud.

Asimismo, las entidades piden la creación de un mecanismo permanente de evaluación de la aplicación de esta norma de modo que se eviten y corrijan prácticas de exclusión sanitaria en los distintos sistemas sanitarios autonómicos.

REDER considera que el hecho de que el Congreso haya decidido tramitar el RDL como proyecto de ley es una oportunidad para mejorar una norma que en su redacción actual queda lejos del pretendido fin de universalizar la atención sanitaria. El necesario periodo de tramitación no puede suponer la inacción del gobierno y de las CCAA para aplicar RDL y evitar la desprotección a la que se están enfrentando muchas personas.

Al respecto, la plataforma denuncia que «todavía se están viviendo situaciones de exclusión en el acceso a la salud, como consecuencia de que la norma se puede interpretar de manera restrictiva, limitando ese acceso a las personas migrantes en situación irregular». Por ejemplo,en relación con el requisito de tres meses de estancia en España destinado solo a personas con estancia temporal autorizada, podría dar lugar a interpretar que todas las personas necesitan tres meses de estancia antes de acceder a la atención sanitaria.

Fallos, ambigüedades y obstáculos

El RDL tampoco armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria por parte de las CCAA y en consecuencia, cada Comunidad Autónoma está interpretando de manera diferente esta nueva norma, manteniendo las respuestas dispares que estas adoptaron con respecto al anterior RDL 16/2012.

REDER denuncia además que no se han especificado en la ley las personas en situación de mayor vulnerabilidad que recibirán atención en cualquier circunstancia (mujeres embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, personas solicitantes de protección internacional y personas que requieran atención de urgencias). La consecuencia de esto es que en algunas CCAA se han dado casos de exigencia de pago por atención sanitaria, por ejemplo, a menores de edad y mujeres embarazadas. Además, hay algunas autonomías que siguen exigiendo el empadronamiento como requisito, cuando el nuevo decreto no lo pide. Y el resultado es que se producen violaciones del derecho a la salud.

Algunos requisitos administrativos son especialmente preocupantes como los que se exigen a personas migrantes en situación irregular que pueden encontrar dificultades para obtener determinados documentos.

«En el año de la celebración de los 40 años de la Declaración de Alma-Ata, donde todos los países firmaron que era social y economicamente inaceptable las diferencias  que había en el nivel de salud de las personas del planeta, es más importante que nunca que asumamos que el derecho a un nivel adecuado de salud es universal. La salud no es una mercancía, ni los sistemas sanitarios se pueden compartimentar haciendo una salud de primera, segunda y tercera categoría dependiendo de las personas que reciben sus servicios. La universalidad del acceso al sistema de salud es algo que debiera preocuparnos a todos y todas, y no solamente por una cuestión de solidaridad. Nuestro derecho a un servicio de salud descansa precisamente en que es un derecho universal para todas las personas, y si no lo defendemos para los demás, puede que algún día también nos lo puedan excluir o recortar», indica REDER.

La propia Organización Mundial de la Salud asume como estrategia hasta 2.030 a incrementar en todos los países la Cobertura Sanitaria Universal, lo que obliga a todos los países a cubrir a las personas que están actualmente fuera del sistema sanitario.

Antecedentes

El gobierno de Pedro Sánchez publicó el 30 de julio DE 2018 en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 7/2018, que se adoptó con el fin de revertir la situación creada por el Real Decreto Ley 16/2012, una medida regresiva y discriminatoria que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas y que limitaba el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Más de 12 mecanismos internacionales de protección de derechos humanos habían pedido la reforma del Real Decreto Ley 16/2012 y habían solicitado una evaluación exhaustiva del impacto en materia de derechos humanos de esta norma que ha estado vigente en los últimos años.

REDER es una red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la denuncia de su cumplimiento. Actualmente forman parte de REDER, junto a medicusmundi, más de 300 organizaciones sociales y profesionales como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Médicos del Mundo, el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD), Andalucía Acoge, la Plataforma Salud Universal Aragón; la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT); la Rede Galega en Defensa do Dereito á Saúdade; la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia; la Plataforma Ciudadanía contra la exclusión sanitaria; la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FDASP), la Asociación de Refugiados e Inmigrantes de Perú (ARI-PERÚ) o la Red Transnacional de Mujeres (NetworkWoman).